Abril, quien asistió a este encuentro en representación de la Asamblea, enfatizó que la erradicación del hambre en el Ecuador no será una meta o una declaración política sujeta a improvisaciones o concebida de diferentes maneras por los gobernantes de turno, sino que tendrá la posibilidad de convertirse en un objetivo estratégico de tipo permanente, progresivo, incluyente y prioritario.

Relató algunos de los principios fundamentales y las razones, tanto históricas,  cuanto sociales, para incluir con amplitud un conjunto de derechos a la alimentación, a la nutrición culturalmente apropiada, al fortalecimiento de la producción nacional y promover la redistribución de los factores de producción, e incluso, romper las prácticas industriales que desgastan el suelo, destruyen el ambiente y contaminan los alimentos con químicos.

Recalcó que la Constitución establece que el contenido de los derechos reconocidos en ésta, se desarrollan de manera progresiva a través de las leyes, la política pública y la jurisprudencia. Es decir, el derecho a la alimentación es un derecho dúctil, capaz de reivindicar constantemente la transición social ecuatoriana.

En este sentido, ponderó la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, vigente desde mayo de 2009, que fortaleció el contenido del derecho de alimentación por medio de la disponibilidad de alimentos baratos o gratuitos, que se logra a través de la ruptura de la intermediación entre productores y consumidores y la obligación de que las compras públicas del Estado prioricen a la producción familiar, comunitaria, micro, pequeña y mediana; y la reducción o eliminación de la incidencia de enfermedades causadas por el consumo de alimentos contaminados.

En materia del desarrollo del contenido del derecho de alimentación por la política pública, subrayó que el Plan Nacional de Desarrollo contempla una política de alimentación saludable y la disminución drástica de las deficiencias nutricionales lograda a partir de estrategias que permiten concebir este derecho como uno que garantice a la población el ser informada y asesorada sobre la adopción de dietas que permitan mejorar y cuidar su salud.

Indicó que en Ecuador se optó por la soberanía alimentaria y no la seguridad alimentaria porque, mientras la primera supone el acceso físico social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa, la segunda entraña el factor de autodeterminación, que supone la posibilidad de que nuestro país defina sus estrategias y políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, priorizando la producción local como factor fundamental del abastecimiento de alimentos, una distribución directa que rompa la intermediación y explotación y un consumo de alimentos correspondientes a la cultura e identidad nacional, es decir una concepción más amplia.

Fuente: Ecuador en Vivo